Biólogos, físicos, geólogos y químicos denuncian que la futura ley de servicios profesionales repercutirá negativamente en los ciudadanos

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A finales de enero, los Consejos Generales y Colegios Nacionales Científico Tecnológicos (Químicos, Físicos, Geólogos y Biólogos), lanzaron una voz de alerta sobre la influencia negativa que el anteproyecto de la futura Ley de Servicios Profesionales, tal como está formulada, arroja sobre el libre y mejor desempeño de nuestras labores profesionales.

Los Colegios señalan, por ejemplo, que no resulta proporcionado que a profesionales con actividades análogas (en sanidad, proyectos, dirección de obra,…) se les otorgue condiciones o reservas de actividad diferentes a la de los profesionales científico-tecnológicos, cuya formación les ha permitido el acceso al ejercicio de las mismas actividades. En el caso de los biólogos, algunas de sus actividades propias quedarían fuera de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) incrementándose las barreras para quedar incluidos en los pliegos de condiciones de las contrataciones de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, la colegiación es un requisito que debe ser exigido a todo profesional que lleve a cabo una actividad con trascendencia para la salud, la seguridad y el medio ambiente, como lo son las que estos colectivos representan. No se puede hablar de liberalización cuando lo anunciado contiene medidas que fortalecerán la preeminencia de las actividades desarrolladas por unos profesionales sobre las mismas actividades desarrolladas por otros al menos tan igual de capacitados.

La consideración de profesiones reguladas, no reguladas, tituladas, colegiadas y no colegiadas generará confusión en la percepción del consumidor y la no eliminación de todas las barreras de acceso de los profesionales a las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y a las licitaciones de los Pliegos de condiciones de las contrataciones de las Administraciones Públicas, que actualmente se producen, no hará sino agrandar lo que estas profesiones llevan poniendo de manifiesto a lo largo de muchos años ante las distintas autoridades.

Los diferentes profesionales deben de gozar de las mismas atribuciones, de acuerdo con sus competencias específicas derivadas de sus títulos académicos, del desarrollo profesional continuo y de la experiencia profesional certificada por entidades y corporaciones de derecho público.